A finales de 2011, The New York Times publicó una serie de artículos sobre la Hacienda Pública española en los que demostraba que el mayor volumen de fraude fiscal se localiza, fundamentalmente, entre los grandes patrimonios del país. En concreto, y según la propia Agencia Tributaria, el 74% del fraude fiscal se concentra en dicho colectivo, con un total de 44.000 millones de euros que el Estado español (incluyendo el central y los autonómicos) no ingresa.
El teniente Colombo, todavía aturdido por los datos, saca su bloc de notas y echa cuentas. Resultado: esa cifra se aproxima al déficit de gasto público social de España respecto de la media de la Unión Europea-15 (66.000 millones de euros). Es decir, el gasto que España debería dedicar a su Estado del Bienestar, y no puede hacerlo porque no recauda ese dinero.
Mientras tanto: 1) la Agencia Tributaria dedica sus mayores esfuerzos a perseguir el fraude fiscal entre los autónomos y los profesionales liberales, que representan sólo un 8% de la bolsa estimada de fraude; y 2) el gobierno conservador que actualmente está en el poder en España, aplica medidas de política monetaria y fiscal de carácter restrictivo, que penalizan, en un altísimo porcentaje y de forma severa, a la clase media del país, donde el fraude fiscal es prácticamente testimonial, por no decir inexistente.
En este caso, al teniente Colombo le ocurre lo mismo que con las películas de Ingmar Bergman: que no entiende nada. Y tiene una duda: “¿esta situación es consecuencia de la ineficacia de la Hacienda Pública, o de la permisividad de los diferentes gobiernos que, en casi 40 años de democracia, no se han atrevido a intervenir –con determinación- para cauterizar esta sangría de ingresos?”.
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